Del mismo modo que se ha explicado al analizar el resto de instituciones relativas al derecho societario, como es sabido, las sociedades mercantiles son instrumentos jurídicos que nuestro ordenamiento ha diseñado para fomentar y facilitar las actividades económicas y comerciales que creen riqueza y empleo para la comunidad sociedad, todo ello mediante la celebración un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias, creando así entes con personalidad jurídica propia y con un patrimonio separado del de sus socios con que financiar su actividad social y con el que puedan responder de las deudas y pasivos sociales que contraigan.
Partiendo de esta base, como es lógico, las sociedades de capital, en el devenir de su operativa en el mercado, pueden experimentar la necesidad de realizar multitud de modificaciones en sus estructuras jurídicas u órganos de gobierno para adaptarlos mismos a sus necesidades cambiantes, tales como cambios de domicilio, de denominación, de objeto social, de ceses y nombramientos de cargos, de cambios en el sistema de administración de la sociedad, de ampliación o reducción de capital, de fusión, de cambio del sistema de administración de la sociedad, etc.
Asimismo, en determinadas ocasiones, las sociedades mercantiles deben adoptar decisiones relevantes para su operativa o su estrategia futura, como acordar la compra de una compañía competidora, optar por la emisión de instrumentos de deuda, como obligaciones, a los efectos de obtener financiación con la que acometer proyectos de inversión, etc., respecto de los cuales también es necesario dejar constancia de ellos en una escritura pública.
En relación con estos cambios o decisiones, dada la trascendencia de muchos de ellos, el legislador ha considerado convenientes que los mismos se vehiculen a través de una escritura pública, la cual recibirá la denominación de escritura de elevación a público de acuerdos sociales, la cual tendrá por objeto documentar el acto o negocio jurídico protagonizado por el órgano social competente para ello.
En cuanto a su necesidad, véase a este respecto el artículo 95 del Reglamento del Registro Mercantil, que exige la forma de escritura pública para que puedan ser inscritos en el Registro Mercantil una pluralidad de actos especificados en el artículo inmediatamente anterior del citado cuerpo normativo, entre los que por ejemplo cabe citar la modificación de estatutos.
Así pues, las escrituras de elevación a público no pueden ser consideradas simplemente un instrumento para protocolizar un documento privado, sino que operan como un verdadero filtro de legalidad de los acuerdos y actos adoptados por los órganos de las sociedades de capital, de modo que no podrá tratarse de un documento público en el que escuetamente se remita a lo establecido en un certificado emitido por el órgano competente, sino que se tratará de un verdadero documento jurídico sometido al control de legalidad preventivo del Notario, un funcionario público imparcial e independiente, profesional del derecho, que velará por la adecuación a la legalidad de los actos y acuerdos que se traten de elevar a público.
