Poder para pleitos

Efectivamente, como se ha comentado, el poder para pleitos es un documento en el que una persona confiere autorización a uno o varios procuradores y uno o varios abogados para que éstos, respectivamente, lo representen y defiendan ante los Tribunales de Justicia con relación a un determinado asunto o causa judicial en el que esta persona deba tomar parte.

A la vista de toda la información facilitada hasta el momento, es posible que, en la vida de cualquier persona, ésta pueda experimentar alguna clase de conflicto en el que sus derechos e intereses legítimos se vean en juego o perjudicados, a resultas de lo cual deba recurrir al poder judicial, a los efectos de que sea un Juez quien tutele dichos derechos o intereses legítimos, mediante una resolución fundada que ponga fin a este conflicto, aplicando para ello el derecho vigente, restableciendo así los derechos e intereses legítimos que, en su caso, se hubieren podido ver perjudicados.

<ejemplo>“Así pues, si por ejemplo, alguien no nos paga una deuda, si no podemos pagar nuestro préstamo hipotecario y la entidad financiera inicia un procedimiento ejecutivo para ejecutar la garantía (lo que desembocará en la pérdida de la propiedad de nuestra vivienda y nuestro lanzamiento en última instancia), si tenemos un conflicto por una herencia con familiares, si queremos separarnos o divorciarnos de nuestro cónyuge, si hemos sido despedidos o sancionados injustamente en nuestro trabajo, si la administración nos ha impuesto una sanción o nos deniega un derecho o prestación de forma indebida, si hemos sido víctimas de un delito o incluso si estamos siendo acusados de la comisión de un presunto ilícito penal, en todos estos casos vamos a necesitar los servicios de un abogado y de un procurador, a los efectos de que éstos nos defiendan y representen, respectivamente, ante las instancias judiciales que corresponda”.<ejemplo>

En el poder para pleitos, el poderdante, es decir, el ciudadano que tiene un asunto que debe ser tratado ante un Tribunal de Justicia, confiere una autorización a un procurador y a un abogado (o a varios) para que estos, puedan, en su caso, representarle y defenderle, respectivamente.

Sobre la forma de hacer dicho apoderamiento, existe la posibilidad de limitar el apoderamiento a un caso concreto, detallando el asunto para el que se autoriza la defensa y representación, de modo que el abogado y el procurador sólo podrán actuar en nombre del poderdante en ese asunto concreto (tal vez esta es la opción más segura y recomendable), en cuyo caso estaríamos ante un poder especial para pleitos.

O, en su caso, otorgar el poder para pleitos con un margen de actuación más amplio, de modo que el abogado y el procurador puedan actuar en nombre del poderdante en cualquier clase de proceso judicial y ante cualquier jurisdicción (lo que puede ser recomendable en el caso de por ejemplo una empresa, que tiene altos índices de litigiosidad, y otorga un poder a favor de un abogado y procurador para que le gestione todos estos asuntos, y así no tener que otorgar para cada pleito un poder ad hoc), lo que recibe la denominación de poder general para pleitos.

Asimismo, en el poder para pleitos, se especificará qué actuaciones procesales concretas puede realizar el abogado y el procurador en nuestro nombre, detallando por ejemplo si puede interponer una demanda o no, si puede contestar una demanda o no, si puede allanarse ante la pretensión de la contraparte o no, si puede desistir del proceso o no, etc.

Aunque a priori pueda parecer una formalidad, es muy importante que los interesados lean y conozcan adecuadamente el contenido del poder para pleitos que otorgan, pues las facultades que normalmente se confieren a los abogados son muy amplias y si se ejercitan inadecuadamente, pueden generar graves perjuicios para los interesados.

<ejemplo>“Así pues, a modo de ejemplo, si se incluye la facultad de allanamiento procesal, se está autorizando a que nuestro abogado pueda reconocer ante el órgano judicial que la contraparte tiene razón en su pretensión y que por lo tanto se acepta la misma, sin que posteriormente pueda ser revocado dicho allanamiento si en realidad no procedía. Así pues, por consiguiente, se recomienda a los interesados que lean con detenimiento el contenido del poder y sean conscientes de todas las implicaciones que conllevan las facultades que confieren a sus abogados y procuradores”.<ejemplo>

Por supuesto, es posible designar sólo a un abogado o procurador para realizar este cometido o, en su caso, también se pueden designar a varios de ellos (que es lo más habitual cuando se contratan los servicios de un bufete de abogados) a los efectos de que sea cualquiera de ellos el que pueda actuar en nombre y representación del poderdante.

La facultad de sustitución o subapoderamiento es la previsión que se puede incluir en un poder para pleitos, o no, en virtud de la cual se autoriza a que el abogado o procurador pueda, por sí mismo, nombrar a otros profesionales para que asuman la defensa o representación del poderdante, si ello fuere necesario, como por ejemplo puede suceder en caso de que el profesional tenga dos señalamientos distintos el mismo día y quiera autorizar a un compañero de profesión para que acuda a un acto procesal concreto en su sustitución.

Puede otorgar un poder para pleitos cualquier persona que deba ser parte en un proceso judicial. Dicho esto, por regla general se exigirá que dicha persona presente una plena capacidad de obrar, es decir, 18 años cumplidos y sus facultades intelectivas y volitivas en pleno funcionamiento.

Por el contrario, si se tratare de un menor de edad o incapaz el que debe tomar parte en el proceso judicial, el poder para pleitos lo deberá otorgar su representante legal.

Lógicamente, sólo podrán ser designados en el poder para pleitos, abogado o procurador para defender o representar al poderdante, aquellas personas que reúnan las cualidades necesarias para el ejercicio de estas profesiones, es decir, licenciados o graduados en Derecho debidamente colegiados en sus respectivos colegios profesionales que cumplan con todos los requisitos legales y de honorabilidad que son necesarios para el ejercicio de estas nobles y necesarias profesiones.

El poder para pleitos sólo lo firmará el poderdante, es decir, el ciudadano que confiere su defensa y representación a un abogado y procurador, respectivamente, sin que sea necesario que estos profesionales acudan al acto de firma.

En el mismo día de la firma, a los pocos minutos, la oficina notarial le hará entrega de una copia auténtica del documento, para que usted pueda hacer el uso de la misma que corresponda.

Efectivamente, deberá entregar a su abogado la copia auténtica de la escritura de poder, a los efectos de que él la pueda aportar en el juzgado correspondiente y así acreditar su representación, para así poder instar todas las acciones judiciales que usted necesite. Asimismo, el poder será subido a una plataforma donde su abogado o procurador pueden acceder y descargar el mismo.

Por supuesto, si usted pierde la confianza en su abogado, en cualquier momento puede revocar el poder para pleitos que le confirió y otorgar uno nuevo a favor de otro profesional que le ofrezca ahora más garantías.

Efectivamente, además del poder para pleitos, es posible que cualquier persona designe a un abogado y procurador de un modo distinto, en concreto, mediante una comparecencia a tal efecto ante el Letrado de la Administración de Justicia (antiguo Secretario Judicial) del órgano judicial ante el que se deba dilucidar el proceso, también conocido como poder o comparecencia apud acta. 

En cualquier caso, es menester indicar que este trámite se puede demorar, a la vista del colapso habitual que presenta la Administración de Justicia española, de modo que lo más rápido y recomendable, sin duda, es el otorgamiento del poder para pleitos.

Por supuesto, el notario puede desplazarse a firmar el poder para pleitos a su domicilio, ya que la ley obliga a garantizar el servicio público notarial a todas aquellas personas minusválidas, enfermas o con movilidad reducida que no puedan acudir por sí mismas a la oficina notarial.

No obstante, será necesario tener en cuenta que, en tal caso, por una cuestión de competencia territorial del Notario requerido, deberá tratarse de un Notario de la localidad en cuestión en la que se halle el domicilio de la persona que no puede desplazarse.

No. No es necesario inscribir el poder para pleitos en ningún Registro público.

En caso de que el poder para pleitos otorgado deba desplegar sus efectos fuera del estado español, será necesario que el mismo se apostille, es decir, realizar un trámite adicional, previsto en el XII Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961, que permitirá desplegar sus efectos en un país distinto al español, siempre y cuando dicho país hubiere suscrito este convenio internacional.

Este trámite de apostilla se realizará en el Colegio de Notarios de Cataluña y, a tal efecto, su gestión la puede llevar a cabo el propio interesado o, si lo desea, la puede encomendar a la propia oficina notarial, de modo que, una vez realizado el trámite, ya se le entregaría el poder apostillado.