Constitución de sociedad

Los estatutos sociales de la compañía pueden ser definidos como el pacto o contrato alcanzado por los socios en virtud del cual se establecen las normas internas de la sociedad que determinan sus características básicas (denominación, objeto, domicilio y capital social, etc.) así como las normas que han de regir su actividad y el gobierno de la misma.

De conformidad con el artículo 23 LSC, en los estatutos que han de regir el funcionamiento de las sociedades de capital se hará constar:

• La denominación de la sociedad (es decir, el nombre oficial por el que será conocida la compañía en el tráfico mercantil).
• El objeto social (es decir, la determinación y concreción de las actividades económicas que desarrolla la sociedad).
• El domicilio social (es decir, el lugar en el que se halle el centro de su administración o dirección o en el que radique su principal establecimiento).
• El capital social, con indicación de las participaciones o acciones en que se divida, su valor nominal y su numeración.
• El modo o modos de organizar la administración de la sociedad, el número de administradores (o, al menos, el número máximo y el mínimo), así como el plazo de duración del cargo y el sistema de retribución, si la tuviere.
• El modo de deliberar y adoptar sus acuerdos por los órganos colegiados de la sociedad.

Asimismo, en relación con los estatutos sociales, es necesario precisar las siguientes cuestiones:

• Si no disponen nada al respecto, se considerará que las operaciones sociales (es decir, el día a partir del cual la sociedad da comienzo a su actividad económica) darán comienzo en la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución (Artículo 24 LSC).
• Si los estatutos no disponen nada en contrario, la duración de la sociedad se considerará indefinida (Artículo 25 LSC).
• Asimismo, salvo disposición en contrario de los estatutos, se considerará que el ejercicio social (periodo temporal en el que se dividirá la actividad económica realizada y que servirá de base para formular las cuentas anuales de la compañía) termina el treinta y uno de diciembre de cada año (Artículo 26 LSC).

Por último, tanto en los estatutos como en la propia escritura fundacional, los socios podrán incluir, al amparo del principio de autonomía de la voluntad, todos los pactos y condiciones que juzguen convenientes, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios del tipo social elegido (Artículo 28 LSC).

En cualquier caso, deberán tener en cuenta los interesados en constituir una sociedad de capital que los fundadores responderán solidariamente frente a la sociedad, los socios y los terceros de la constancia en la escritura de constitución de todas las cuestiones exigidas por la ley antes dichas, de la exactitud de cuantas declaraciones hagan en ellas y de la adecuada inversión de los fondos destinados al pago de los gastos de constitución (Artículo 30 LSC).

En este sentido, lo más adecuado para que los Estatutos de la nueva sociedad respondan adecuadamente a las necesidades de sus socios, es acudir a un abogado especializado en materia mercantil que redacte los mismos a la vista de las características y particularidades concretas de cada caso, pues sólo así nos aseguraremos de que los mismos responden verdaderamente a las necesidades particulares de cada compañía.

Si, por el contrario, nuestra sociedad, a nuestro parecer, no presenta grandes particularidades y no queremos realizar ese paso, la oficina Notarial nos puede facilitar unos estatutos sociales tipo, con un contenido básico, que permitirán cumplir este trámite.

Como ya se ha indicado en apartados precedentes, la inscripción de la escritura de constitución de una sociedad en el Registro Mercantil correspondiente a la demarcación en la que haya fijado su domicilio es un requisito indispensable para su válida constitución, pues de lo contrario la sociedad puede devenir en irregular (figura que se explicará en una pregunta posterior) con las graves consecuencias que ello puede suponer.

En relación a esta inscripción, es necesario precisar que de conformidad con el artículo 31 LSC, los socios fundadores y los administradores de la sociedad tendrán facultades para la presentación de la escritura de constitución en el Registro Mercantil, así como para solicitar o practicar la liquidación y hacer el pago de los impuestos y gastos correspondientes, debiéndose tener en cuenta que esta inscripción se configura como un deber legal para los socios fundadores y administradores, pues así lo establece el artículo 32 LSC, concediéndoles un plazo de dos meses desde el otorgamiento para hacerlo, respondiendo solidariamente, en su caso, de los daños y perjuicios que causaren por el incumplimiento de esta obligación.

Esta inscripción, como se ha tratado de remarcar, es de suma importancia, pues con ella el proceso de creación de la sociedad se concluirá, debido a que su inscripción determina la adquisición de la personalidad jurídica plena que corresponda al tipo social elegido (Artículo 33 LSC). Asimismo, otra muestra de ello es que hasta que ésta no se verifique no será posible la transmisión de participaciones sociales o acciones (Artículo 34 LSC).

En cualquier caso, a la inscripción de la escritura de constitución el Registrador Mercantil le dará publicidad a la misma en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Artículo 35 LSC). 

Finalmente, indicar a los interesados que, si desean conocer más detalles sobre los requisitos y características de la escritura de constitución de sociedad de capital y su inscripción, pueden consultar los artículos 114 a 128 del Real Decreto 1.784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil (en adelante, RRM) para las sociedades anónimas y los artículos 175 a 188 del RRM para las sociedades limitadas.

En el periodo que transcurre desde que una sociedad se constituye en escritura pública hasta que la misma se inscribe definitivamente en el Registro Mercantil, las mismas reciben la denominación de sociedad en formación.

Durante este periodo, de los actos y contratos celebrados en nombre de la sociedad, responderán solidariamente quienes los hubiesen celebrado, a no ser que su eficacia se hubiese condicionado a la inscripción y, en su caso, posterior asunción de los mismos por parte de la sociedad (Artículo 36 LSC). No obstante, por los actos y contratos indispensables para la inscripción de la sociedad, por los realizados por los administradores dentro de las facultades que les confiere la escritura para la fase anterior a la inscripción y por los estipulados en virtud de mandato específico de todos los socios por las personas a tal fin designadas responderá la sociedad en formación con el patrimonio que tuviere (Artículo 37.1 LSC).

En cualquier caso, salvo que la escritura de constitución o los estatutos sociales dispongan otra cosa, si la fecha de comienzo de las operaciones coincide con el otorgamiento de la escritura fundacional, se entenderá que los administradores están facultados para el pleno desarrollo del objeto social y para realizar toda clase de actos y contratos (Artículo 37.3 LSC).

Esta es sin duda una cuestión muy relevante que todos los interesados en constituir una sociedad deben tener muy claro, pues como se ha indicado al principio de esta explicación, una de las principales características de las sociedades de capital es su capacidad de limitar la responsabilidad de los socios a su aportación en el capital, sin que deban responder personalmente con su patrimonio por las deudas sociales.

No obstante, como excepción a esta regla general, si se constituye una sociedad pero ésta no se inscribe debidamente en el Registro Mercantil correspondiente en el plazo de un año, ésta será considerada como sociedad irregular, lo que implicará que se le aplicarán las normas de la sociedad colectiva o, en su caso, las de la sociedad civil, si la sociedad en formación hubiera iniciado o continuado sus operaciones, lo que supone que los socios perderán esta protección patrimonial, pasando a responder personalmente de las deudas y pasivos de la sociedad (Artículo 39 LSC).

En estos casos, como medida de protección establece el legislador que cualquier socio podrá instar la disolución de la sociedad ante el Juez de lo Mercantil del lugar del domicilio social y exigir, previa liquidación del patrimonio social, la cuota correspondiente, que se satisfará, siempre que sea posible, con la restitución de las aportaciones (Artículo 40 LSC).

En relación a las aportaciones sociales, es decir, como se ha indicado anteriormente de forma genérica, el conjunto de dinero, bienes o elementos productivos que los socios fundadores aportan a la sociedad para conformar su capital social, es necesario en primer lugar tener claro que sólo podrán ser objeto de aportación bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica (como por ejemplo dinero, equipos informáticos, maquinaria industrial, etc.), de modo que, por el contrario, en ningún caso lo podrán ser aportaciones de trabajo o servicios (Artículo 58 LSC).

Partiendo de esta patrimonialidad de las aportaciones, es necesario diferenciar entre las dos grandes modalidades de aportaciones, que son las aportaciones dinerarias (cantidades determinadas de una moneda corriente) y las aportaciones no dinerarias (bienes o derechos concretos).

Aportaciones dinerarias: 

Las aportaciones dinerarias, es decir, en cantidades ciertas de dinero de moneda corriente de curso legal, deberán realizarse en euros. Asimismo, podrán realizarse en otra moneda, pero determinando si equivalencia en euros con arreglo a la ley (Artículo 61 LSC).

En caso de que los socios opten por esta clase de aportaciones, el Notario autorizante de la escritura de constitución estará obligado a acreditar la realidad de las aportaciones dinerarias mediante certificación (que tendrá una vigencia de dos meses) del depósito de las correspondientes cantidades a nombre de la sociedad en entidad de crédito, que el Notario deberá incorporar a la escritura (Artículo 62 LSC).

Así pues, en caso de que los socios fundadores opten por desembolsar el capital social de la sociedad creada mediante aportaciones dinerarias, deberán acudir a una entidad financiera y abrir una cuenta corriente depositando el importe del capital y solicitando que se les expida un certificado de titularidad y saldo de la misma, para aportarse al acto de constitución ante Notario.

Dicho esto, no es menos cierto que la ley establece como excepción que, para el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, no será necesario acreditar la realidad de las aportaciones sociales si los socios fundadores manifiestan en la escritura de constitución que responden solidariamente frente a la sociedad y a los acreedores de la realidad de las mismas (Artículo 62.2 LSC).

Aportaciones no dinerarias:

Por el contrario, los socios de la sociedad pueden optar por constituir la compañía aportando a la misma, en forma de capital, determinados bienes o derechos de naturaleza no dineraria (como por ejemplo equipos informáticos, bienes de equipo, factores de producción, materias primas, vehículos, etc.). 

En estos casos, en la escritura de constitución deberán describirse las aportaciones no dinerarias con sus datos registrales, si existieren, la valoración en euros que se les atribuya, así como la numeración de las acciones o participaciones atribuidas (Artículo 63 LSC).

Asimismo, es necesario tener en cuenta que en el caso de que se trate de una sociedad anónima, las aportaciones no dinerarias habrán de ser, por regla general (en ciertos supuestos, ver artículo 69 LSC, no será necesario, en cuyo casos se sustituirá por un informe de los administradores en los términos del artículo 70 LSC), objeto de un informe elaborado por un experto independiente designado por el Registrador Mercantil del domicilio social, el cual contendrá la descripción de la aportación y la valoración de la misma (Artículo 67 LSC).

En cualquier caso, los socios fundadores deben tener en cuenta su responsabilidad en relación con las aportaciones no dinerarias, pues los mismos responderán solidariamente frente a la sociedad y frente a los acreedores sociales (Artículos 73 a 76 LSC para las sociedades de responsabilidad limitada) y también frente a los accionistas y terceros en el caso de las sociedades (Artículos 77 LSC) de la realidad de las aportaciones sociales y de la valoración de las no dinerarias.

Los socios fundadores, al constituir la sociedad, deberán elegir una denominación para la compañía, con la cual se presentará e identificará en el tráfico jurídico-mercantil.

Esta denominación deberá ser única y no coincidente, pues de conformidad con el artículo 7 LSC, las sociedades de capital no podrán adoptar una denominación idéntica a la de cualquiera otra sociedad preexistente. 

Para asegurar que ello sea así, el Reglamento del Registro Mercantil ha establecido en sus artículos 409 a 419 un mecanismo en virtud del cual cualquier interesado podrá presentar una solicitud ante el Registro Mercantil Central proponiendo una denominación para la sociedad que desea constituir, a la cual el mismo responderá expidiendo en el plazo de tres días un certificado (que tendrá una validez de tres meses) expresando si la denominación consta o no inscrita, debiéndose tener en cuenta que si la misma no consta inscrita se reservará esta denominación por un plazo de 6 meses para que se pueda constituir la sociedad que se pretende. Dicho certificado deberá incorporarse necesariamente en la escritura de constitución. 

Asimismo, es necesario tener en cuenta que, para las sociedades limitadas, en su denominación habrá de constar necesariamente la indicación de “sociedad de responsabilidad limitada”, “sociedad limitada” o sus abreviaturas “S.R.L.” o “S.L.” y en el caso de las sociedades anónimas la indicación de “sociedad anónima” o su abreviatura “S.A.” (Artículo 6 LSC).

Por último, indicar que este trámite lo pueden realizar los propios interesados o, si lo desean, lo pueden delegar a la propia oficina notarial.

Los socios fundadores de la sociedad de capital deberán elegir un domicilio social para la misma, el cual, de conformidad con el artículo 9 LSC, deberá estar fijado dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección o en el que radique su principal establecimiento o explotación.

Dicho domicilio se expresará en los estatutos de la sociedad limitada o anónima que se constituya, y en caso de que se desee modificar, se deberá otorgar la correspondiente escritura de traslado de domicilio social (ver a este respecto apartado dedicado a este instrumento).

Los interesados en la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada o anónima deben tener presente que como socios la ley les reconoce una serie de derechos. Así pues, de conformidad con el artículo 93 LSC, los socios tendrán, como mínimo, los siguientes derechos:

• El de participar en el reparto de las ganancias sociales (a través de los dividendos que en su caso se pudieren repartir) y en el patrimonio de la liquidación.
• El de asunción preferente en la creación de nuevas participaciones o el de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones convertibles en acciones.
• El de asistir y votar en las juntas generales y el de impugnar los acuerdos sociales.
• El de información (es decir, de exigir a los administradores de la sociedad que le informen sobre la evolución de la actividad económica de la sociedad y sus resultados).

Como derecho principal pues de los socios, cabe sin duda destacar la posibilidad de asistir y votar en las juntas generales, la cual es el órgano de gobierno máximo de la compañía en la que se adoptarán las máximas decisiones que la conciernan.

Así lo establecen los artículos 159 y siguientes LSC, en los que se reconoce que los socios, reunidos en junta general, decidirán por mayoría legal o estatutariamente establecida, en los asuntos propios de la competencia de la junta, quedando todos ellos sometidos a dichos acuerdos. Así pues, la junta general, órgano que representa a los socios, es decir, a los propietarios de la sociedad, podrá deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos (Artículo 160 LSC), que desde luego pueden ser considerados como los más relevantes que pueden afectar a la vida de la sociedad. Así pues, podrán resolver sobre los siguientes asuntos:

• La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social.
• El nombramiento y separación de los administradores, de los liquidadores y, en su caso, de los auditores de cuentas, asó como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos.
• La modificación de los estatutos sociales.
• El aumento y reducción del capital social.
• La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales (lo que se presumirá cuando el importe de la operación supere el 25% del valor de los activos que figuren en el último balance aportado).
• La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero.
• La disolución de la sociedad.
• La aprobación del balance final de liquidación.
• Cualesquiera otros asuntos que determinen la ley o los estatutos.
  

Asimismo, y salvo disposición contraria de los estatutos, la junta general de las sociedades de capital podrá impartir instrucciones al órgano de administración o someter a su autorización la adopción de dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre determinados asuntos de gestión (Artículo 161 LSC).

A los administradores de la sociedad, de conformidad con el artículo 209 LSC, les corresponderá asumir la gestión y la representación de la sociedad en los términos establecidos por la propia LSC. 

Así pues, en la práctica, al órgano de administración les corresponderá tanto la llevanza de los asuntos diarios de la compañía adoptando las decisiones ordinarias que afecten a la actividad económica (gestión de las ventas y compras, del personal, de la tesorería, del cumplimiento de las obligaciones legales y tributarias, etc.), así como la orientación estratégica de la sociedad y su posicionamiento en el mercado (diseño de nuevos productos y servicios, apertura de nuevos mercados u oportunidades de negocio, etc.).

En cuanto a los distintos modos de organizar la administración de la sociedad, los interesados en la constitución de una mercantil deben tener en cuenta que de conformidad con el artículo 210 LSC, la administración de la sociedad se podrá confiar a un administrador único, a varios administradores que actúen de forma solidaria o de forma mancomunada o a un consejo de administración, debiéndose indicar asimismo que:

• En caso de tratarse de una sociedad anónima, cuando la administración conjunta se confíe a dos administradores, éstos actuarán de forma mancomunada y, cuando se confíe a más de dos administradores constituirán consejo de administración.
• En caso de optarse por la forma societaria de la sociedad anónima, los estatutos podrán establecer los distintos modos de organizar la administración, atribuyendo a la junta de socios la facultad de optar alternativamente por cualquiera de ellos sin necesidad de modificación estatutaria.
• Si se optare por un consejo de administración, debe asimismo saberse que éste estará formado por un mínimo de tres miembros, fijándose en los estatutos el número de miembros del consejo de administración o bien el máximo y el mínimo, teniendo en cuenta asimismo que en el caso de las sociedades limitadas el máximo de miembros del consejo no podrá ser superior a doce (Artículos 242 y siguientes LSC).

En relación a los administradores, además, los interesados en la constitución de una sociedad y/o en la asunción del cargo de administrador, deben tener en cuenta, asimismo:

• Que los administradores de la sociedad podrán ser tanto personas físicas como personas jurídicas (Artículo 212 LSC).
• En el caso de personas físicas, no podrán ser administradores los menores de edad no emancipados, los judicialmente incapacitados, las personas inhabilitadas conforme a la Ley Concursal, los condenados por determinados delitos penales (ver artículo 213 LSC) ni los funcionarios al servicio de la Administración pública con funciones relacionadas con la actividad de la sociedad.
• Como ya se ha indicado, los administradores serán nombrados por la junta de socios y éste surtirá efectos desde que los administradores nombrados acepten el cargo, decisión que será completamente voluntaria (Artículo 214 LSC) y que en todo caso deberá ser inscrito en el Registro Mercantil dentro de los diez días siguientes a la fecha de la aceptación (Artículo 215 LSC).
• El cargo de administrador será gratuito, a menos que los estatutos sociales establezcan lo contrario determinando el sistema de remuneración, que podrá consistir en una asignación fija, en dietas de asistencia, en una participación en beneficios, en una retribución variable, en una remuneración en acciones o vinculada a su evolución, en indemnizaciones por cese o en sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos (Artículo 217 LSC).
• En cuanto a la duración de su cargo, los administradores, en el caso de las sociedades limitadas, ejercerán su cargo por tiempo indefinido (salvo que los estatutos establezcan un plazo determinado, en cuyo caso podrán ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración). En el caso de las sociedades anónimas, los administradores ejercerán el cargo durante el plazo que señalen los estatutos sociales, que no podrá exceder de seis años y deberá ser igual para todos ellos (Artículo 221 LSC).
• Por lo que se refiere a su cese, los administradores podrán ser separados de su cargo en cualquier momento por la junta general, aún cuando la separación no conste en el orden del día (Artículo 223 LSC).
• Por lo que se refiere a los deberes de los administradores, es necesario indicar que a éstos la ley les impone un deber general de diligencia, lo que les obliga a desempeñar su cargo con la diligencia de un ordenado empresario adoptando las medidas precisas para la buena dirección y el control de la sociedad (Artículo 225 LSC), un deber de discrecionalidad empresarial en las decisiones estratégicas y de negocio (Artículo 226 LSC), un deber de lealtad para con la sociedad, obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad (Artículo 227 LSC) y un deber de evitar situaciones de conflicto de interés (Artículo 229 LSC).

Como se ha indicado desde el principio de esta exposición, tradicionalmente las sociedades nacen de un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias. No obstante, la evolución del derecho permite en la actualidad constituir una sociedad mediante un único socio, a las cuales se las conocerá como sociedades unipersonales.

Así pues, de conformidad con el artículo 12 LSC, se entiende por sociedad unipersonal de responsabilidad limitada o anónima:

1. La constituida por un único socio, sea persona natural o jurídica.
2. La constituida por dos o más socios cuando todas las participaciones o acciones hayan pasado a ser propiedad de un único socio.

En el caso de que la sociedad se cree originariamente por un socio único, en la escritura de constitución se hará constar tal circunstancia, la cual quedará debidamente inscrita en el Registro Mercantil (Artículo 13 LSC) para que dicha circunstancia tenga la necesaria publicidad registral.

Asimismo, para los supuestos de unipersonalidad sobrevenida (es decir, cuando la sociedad se constituye por dos o más socios pero posteriormente, a raíz de una transmisión derivativa, todas las acciones o participaciones acaben siendo propiedad de un único socio), los interesados deben tener muy en cuenta que transcurridos seis meses desde la adquisición por la sociedad del carácter unipersonal sin que esta circunstancia se hubiere inscrito en el Registro Mercantil, el socio único responderá personal, ilimitada y solidariamente de las deudas sociales contraídas durante el periodo de la unipersonalidad.

En cuanto al funcionamiento de la sociedad unipersonal, indicar que en la misma, el socio único ejercerá las competencias de la junta general, cuyas decisiones se consignarán en un acta, bajo su firma o la de su representante, pudiendo ser ejecutadas y formalizadas por el propio socio o por los administradores de la sociedad (Artículo 15 LSC).

De conformidad con el artículo 11 bis LSC, las sociedades de capital podrán tener una web corporativa (que será obligatoria para las sociedades cotizadas). La creación de la misma deberá acordarse por la junta general de la sociedad y dicho acuerdo se deberá hacer constar en la hoja abierta a la sociedad en el Registro Mercantil competente y asimismo será publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

En cualquier caso, la sociedad deberá garantizar la seguridad de la página web, la autenticidad de los documentos publicados en la misma asó como su acceso gratuito y la posibilidad de descargar e imprimir lo insertado en ella (Artículo 11 ter LSC).

De conformidad con el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la constitución de sociedades es hecho imponible de este impuesto en su modalidad de operaciones societarias.

No obstante, en virtud del artículo 45.I.B).11 de la citada norma, la constitución de sociedades estará exenta del impuesto, con lo cual, no será necesario tributar por este impuesto al constituir una sociedad.

Para otorgar una escritura de constitución de sociedad de capital simplemente será necesario contactar con la oficina notarial (llamando a nuestro teléfono de contacto o en la dirección de email mercantil@jesusbenavides.es) y concertar una cita en el día y hora que más convenga a los otorgantes.

El día y hora acordados, los otorgantes simplemente deberán acudir a la oficina notarial provistos de la documentación necesaria (consultar apartado de documentación necesaria) para firmar la escritura correspondiente, la cual será redactada en base al contenido legal mínimamente exigible y a las previsiones y necesidades de los clientes en cuestión.

Para el caso de que así lo deseen los interesados, en esta clase de instrumentos, para facilitar la tarea a los socios constituyentes, es posible encomendar a la oficina notarial la obtención de la certificación expedida por el Registrador Mercantil Central conforme se acredite que no consta registrada la denominación elegida, así como la posterior inscripción de la escritura otorgada en el Registro Mercantil correspondiente al domicilio de la compañía constituida, la cual cosa facilitará mucho los trámites burocráticos a los socios otorgantes, ya que todos estos trámites el Notario los puede gestionar de forma telemática de una forma rápida y segura, ahorrando tiempo y dinero a los interesados.

Además de todo lo indicado hasta el momento, que constituye una explicación detallada de la forma de constituir una sociedad de un modo tradicional, los interesados han de saber que en la actualidad, existe una normativa que permite constituir sociedades de responsabilidad limitada de un modo mucho más rápido, la cual recibe la denominación común de “constitución exprés”, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos (como por ejemplo utilizar unos estatutos sociales tipo básicos, entre otros).

Esta regulación cabe hallarla en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

A tal efecto, el empresario que quiera optar por esta vía, debe acudir a un PAE (Puntos de Atención al Emprendedor) y cumplimentar un documento que se denomina DUE (Documento Único Electrónico) mediante el cual se le asignará automáticamente una cita en una Notaría incluida en este sistema para la firma de la escritura de constitución, tras lo cual, de forma telemática, mediante el sistema CIRCE, se remitirá la misma al Registro Mercantil a los efectos de conseguir su inscripción, todo ello con unos plazos mucho más acotados que los ordinarios.

A la firma de la escritura de constitución de la sociedad ante el Notario, deberán acudir los socios que fundan la compañía, ya sea de forma persona, ya sea representados por un tercero mediante un apoderamiento.

Asimismo, si las partes lo desean, también puede acudir la persona que deba ser nombrada administradora de la sociedad a los efectos de aceptar su cargo en el mismo acto.

Si el interesado lo desea, se le puede hacer entrega de la copia auténtica de la escritura de constitución de su compañía el mismo día de la firma, pero en tal caso, deberá ser él quien acuda al Registro Mercantil a gestionar su inscripción, pues este es un trámite necesario para su válida constitución, como se ha indicado.

Por supuesto, si ello se desea así, es posible encomendar esta gestión a la propia oficina notarial, la cual remitirá telemáticamente la escritura al Registro Mercantil a los efectos de obtener su inscripción.

Una vez ello ya se haya producido, se hará entrega de la copia auténtica de la escritura a sus otorgantes, en la que consten ya los datos de inscripción de la misma, lo que será mucho más útil, pues a partir de ese momento el documento podrá desplegar todos sus efectos.